El conflicto con los sindicatos en EE.UU. es más que sólo dinero

Clive Crook

Hace meses se hizo evidente, con el aumento de la presión fiscal sobre los estados y las ciudades de EE.UU., que la fricción con los sindicatos del sector público era inevitable. Sin embargo, la fuerza del asalto a los sindicatos y la energía de su resistencia han sido una sorpresa. Un país atónito no está seguro de qué lado tomar. No ayuda que se haya explicado mal lo que está en juego. 


Las hostilidades comenzaron en Wisconsin. Decenas de miles han protestado contra el proyecto de ley del gobernador republicano Scott Walker para retirar los derechos de negociación colectiva. Ninguna de las partes parece dispuesta a capitular. Ahora el conflicto se ha extendido. Gobernadores y legisladores republicanos en Ohio e Indiana también han cargado contra de sus sindicatos. Incluso los estados con gobernadores o legislaturas demócratas buscan grandes concesiones en salarios y beneficios. 
Sólo 7% de los trabajadores del sector privado son miembros de sindicatos, frente al 30% en los ‘60. Pero en gobiernos estatales y locales, el promedio es de 39%, y en algunos estados mucho más alto: el 73% en Nueva York, por ejemplo. 
La persistencia del sindicalismo del sector público se debe en parte a las fuerzas del mercado. Las empresas privadas van y vienen rápidamente en los EE.UU., lo que complica organizar un sindicato. Los empleos públicos tienden a durar. Una vez que un trabajador se incorpora a un sindicato, se queda ahí hasta jubilar. Pero las políticas estatales han ayudado. Algunos dan soporte legal a los “union shops” (los trabajadores deben afiliarse al sindicato) o “agency shops” (se puede optar por no participar, pero igual hay que pagar las cuotas). 
Los republicanos que atacan esos derechos dicen que hay que controlar a los sindicatos para equilibrar los libros de los estados. Los sindicatos dicen que su sueldo no está fuera de línea, y han hecho concesiones. Esto es parcialmente cierto. Los sindicatos de Wisconsin han aceptado recortes en salarios y beneficios. La lucha en Madison tiene que ver con ahorro en la actual ronda presupuestaria.

Si el poder sindical distorsiona los sueldos en el largo plazo es una cuestión diferente, y más difícil de resolver. Estudios apuntan en ambos sentidos. 
Trabajadores en los gobiernos estatal y local consiguen salarios más altos, pero una vez que se toman en cuenta sus años extra de educación, se ven mal pagados. Sus ventajas son mucho mejores -generosas pensiones de beneficios definidas son la norma, mientras que en el sector privado, éstas han desaparecido- y sus horas de trabajo son menos. Algunos piensan que esto pone a los empleados públicos adelante en el pago total ajustado por educación, otros dicen que sólo reduce la brecha. 
Este argumento no puede resolverse todavía, porque dependerá del valor de las pensiones. Muchos planes están desfinanciados, en varios billones de dólares, según algunas estimaciones. Las pensiones del Estado están protegidas en la quiebra: pase lo que pase, se supone que los contribuyentes pagan. Si ese compromiso se mantiene, los contribuyentes recibirán el golpe. Si los estados no cumplen esas promesas, o si la falta de financiamiento resulta menor que lo temido, no lo harán. 
Lo principal, sin embargo, es que este es el debate equivocado. Salario y prestaciones no pueden alejarse demasiado de la línea sin que la escasez de trabajadores o los excedentes de postulantes se salgan de control. La anomalía no es el costo fiscal de la solución ganada por los sindicados, sino su forma, vista en los términos más amplios. 
Las pensiones apuntan al problema real, que es uno de gestión y rendición de cuentas. Los sindicatos han transado salarios más bajos por mejores beneficios -incluyendo, en algunos casos, la jubilación con pensión completa a mediana edad y la aceptación tácita de abusos tales como aumentos salariales en el último año de trabajo, para conseguir beneficios más altos, y el uso pródigo de la prejubilación por “discapacidad”. Los empleadores han seguido disfrazando el verdadero costo de los servicios estatales. 
Este no es el único acuerdo cerrado entre sindicatos y políticos. Los sindicatos también transaron salarios por control. En muchos sistemas de escuelas de EE.UU., los derechos de negociación se han ampliado hasta el punto en que los sindicatos están a cargo. Tienen algo que decir no sólo en salario base y prestaciones, sino de las normas de antigüedad, contrataciones y despidos, las horas de clase, lo que sea. 
La calidad de los servicios públicos es un problema más grande para EE.UU. que la diferencia de salarios, si la hay, entre los sectores público y privado. Algunos de quienes quieren frenar el poder de los sindicatos lo entienden. Eligieron ir a la guerra sobre un prospecto diferente, en parte falso, y si el público se alinea con los sindicatos, habrá sido un gran error.